La investigación se dirigió a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿En México, el marco legal y las políticas públicas vigentes atienden el fenómeno de la movilidad interna forzada por razones vinculadas al cambio climático?

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fue sede de la presentación de los resultados del estudio «Migrantes climáticos internos en México: un acercamiento desde las políticas públicas. Los derechos humanos, el territorio y el enfoque de servicios socio-ecológicos para atender un fenómeno migratorio» coordinado por Armelle Yvette Gouritin y el equipo de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – México, conformado por Teolincacíhuatl Velázquez Melo y José Antonio León Mella.

En conjunto con la Coordinación General encargada de la Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático del INECC, se destacó la necesidad de abordar de manera integral el fenómeno de la migración y su relación con las anomalías del clima; así como las tendencias de dicha interfaz con miras a un diseño e implementación efectiva de políticas públicas en la presencia cada vez más recurrente de la relación entre la migración interna forzada de las personas y comunidades por causas climáticas.    

La investigadora de la FLACSO destacó que según datos del Banco Mundial es posible anticipar que para 2050, en el peor escenario para México, más de 3 millones de personas serán obligadas a desplazarse por razones climáticas. Indicó que el fenómeno climático ya está generando afectaciones a las personas en sus propiedades y en su forma de vida y que se espera que dichas afectaciones aumenten en escenarios en donde se acentúan los efectos adversos del cambio climático.

La investigación caracteriza la forma en que el clima afecta a los ecosistemas, así como a las personas motivando el desplazamiento de estas últimas; destaca tres sectores de la población particularmente vulnerables: las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con escasos recursos económicos. Por otra parte, el estudio revela que el marco legal y las políticas públicas vigentes no están diseñadas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático con un enfoque preventivo, incluso en contextos en donde ya se cuenta con evidencia de dichas afectaciones, como el caso de la elevación del nivel medio del mar. Por ello, no se garantiza una protección anticipada de la población en escenarios del clima cambiante. 

La investigación destaca que, desde una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque que considere la vinculación de servicios socio-ecológicos de manera territorial, es posible guiar un diseño más eficaz de política pública, aunque todavía se deben remontar obstáculos estructurales muy enraizados en la política sectorial. El proyecto tuvo una duración de un año y se espera que próximamente comience una segunda fase. Este esfuerzo fue financiado por el Programa de Investigación sobre el Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (PINCC-UNAM).

Finalmente, Marco Heredia, en representación de Amparo Martínez, directora general del INECC, destacó el importante papel del INECC para integrar el mejor conocimiento e información disponible sobre fenómenos socio ambientales en nuestro país, y para servir de puente entre la comunidad académica y los tomadores de decisiones con miras a atender eficazmente los efectos adversos del cambio climático. Esto en la búsqueda de que la generación de conocimiento incida en resolver los grandes problemas que el país enfrenta como resultado de la mayor falla del mercado que es el cambio climático.  

El evento reunió a miembros de la comunidad académica, sociedad civil, investigadores y representantes del CONACYT; implementadores de política pública del Consejo Nacional de Población, de la Unidad de Política Migratoria y de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como representantes de las Comisiones de Sustentabilidad y Cambio Climático de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso Federal y de entidades federativas que concurren en el contexto del Sistema Nacional de Cambio Climático.