5 de junio de 2020

Exhortamos al Gobierno de México a fortalecer la agenda ambiental y climática para las presentes y futuras generaciones

#MexicoBuscandoFuturo

#SustentabilidadParaElBienestar

• En la actual administración persisten y se profundizan problemas ambientales y climáticos que amenazan a generaciones presentes y futuras

• En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, dedicado a la biodiversidad, organizaciones, investigadores y ciudadanos llaman al Gobierno de México, a tomar medidas urgentes y efectivas para fortalecer la política ambiental y garantizar derechos humanos

Por GFLAC

A 48 años de la creación del Día Mundial del Medio Ambiente en 1972 y acercándonos a tres décadas de la entrada en vigor de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las organizaciones firmantes externamos nuestra gran preocupación sobre la debilidad de la política ambiental y climática de México, la cual además de mantener deficiencias históricas, están siendo acrecentadas por la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello hacemos un llamado al gobierno mexicano a asumir su responsabilidad histórica y a llevar a cabo un cambio urgente de rumbo que permita atender las necesidades de las generaciones presentes y futuras, y garantizar sus derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la vida.

Para ello, es de gran urgencia reorientar las actuales políticas del gobierno, de manera que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, el cual señala que “el Gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable para el bienestar”, desarrollo sostenible cuya definición retomada por el gobierno refiere a “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, señalando que “el que hace caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido”.

Asimismo, subrayamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 4º que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. De esta manera, salvaguardar el patrimonio ambiental de las mexicanas y los mexicanos, en particular de las y los niños y jóvenes, es fundamental para que se puedan tener una mejor calidad de vida y un futuro en el que sus derechos humanos sean garantizados.

Estamos gravemente preocupados, ya que identificamos que la atención al respeto y cuidado del ambiente continúa siendo altamente deficiente y se acrecienta de manera rápida con las políticas de la actual administración, por lo anterior es indispensable atender de manera urgente los compromisos plasmados en la Constitución y en el PND, así como en otras leyes y normativas para que se traduzcan en una política comprometida con detener el deterioro ambiental y propiciar un medio ambiente sano al que los mexicanos tenemos derecho.

NOS ALARMA

1. La drástica reducción de presupuesto al sector ambiental.

• En enero de 2015 se tenía una asignación de 67,976,702,425 pesos mexicanos para todo el Ramo 16, encargado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mientras que en enero de 2020 se tuvo un presupuesto de 29,869,450,777, es decir, 56% menos de presupuesto en cinco años, tendencia que empeora con el actual gobierno.

• De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se contempló una reducción del 29.43% en la asignación de recursos a dicho Ramo 16.

• Esto imposibilita a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a cumplir sus funciones y deja en el abandono a la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) cuya labor es fundamental para el conocimiento y protección de la biodiversidad de México.

• Por ejemplo, la estrategia de conservación de la biodiversidad más efectiva, por medio de la creación y manejo de las llamadas Áreas Naturales Protegidas (ANP), ha sido debilitada en la presente administración, con una reducción presupuestal cercana a 50 % en la CONANP.

• El debilitamiento es similar en la capacidad operativa de la PROFEPA, la han convertido en un órgano ineficiente sin capacidad real de incidir en el combate a las diversas mafias de talamontes, pescadores y cazadores furtivos y traficantes de fauna y flora.

2. La construcción de la Refinería Dos Bocas.

• El terreno elegido implicó la destrucción de manglares, especies amenazadas, protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059, en un sitio prioritario de este ecosistema, que proporcionan un sin número de servicios ecosistémicos de gran valor económico, como la protección de las costas y la producción de especies de peces de importancia comercial.

• La refinería emitirá 2.16 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) de manera anual, incluyendo emisiones con fuertes impactos negativos en la salud, como los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y las partículas suspendidas.

• Con un costo estimado en 190,400 millones de pesos su construcción supondría 45 años de presupuesto operativo para programas de calidad del aire en todo el país y un aumento significativo de emisiones de gases de efecto invernadero. En 20 años se estima que emitirá 42.3 MtCO2e, lo que es incompatible con los compromisos de México para reducir emisiones y evitar un aumento de la temperatura global por encima de 1.5 grados centígrados y de la la disminución del 36% (GEI) establecido en el aumento de ambición climática de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).

3. La operación de Termoeléctricas.

• Las 30 termoeléctricas que operan en México, son grandes fuentes de contaminación. El ejemplo es la Termoeléctrica de Tula, que utiliza combustóleo al 80%, mismo que es un residuo de la refinación de petróleo, con más de 4% de azufre

• La operación de esta termoeléctrica emite el 56% de las partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), que tienen severos impactos a la salud de la población; además de emitir el 75% de los Óxidos de Azufre, y el 43% de los Óxidos de Nitrógeno en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula. Lo anterior también es causa de la lluvia ácida con afectaciones en la agricultura. Se estiman un impacto de 14,000 muertes prematuras anuales en Tula y en la Zona del Valle de México a causa de la operación de la termoeléctrica.

4. La construcción del Tren Maya.

• El desarrollo del Tren Maya impactará diez Áreas Naturales Protegidas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, una región de alta diversidad biológica y cultural. Apenas en 2014 la Reserva de la Biósfera de Calakmul fue nombrada Patrimonio Mixto de la Humanidad por las Naciones Unidas.

• La fuente de agua de la Península de Yucatán, ríos subterráneos y cenotes, con crecientes problemas de contaminación pueden ser irremediablemente afectados por el aumento de actividades relacionadas a la infraestructura del Tren Maya y por los efectos vibratorios que se generarán a su paso.

• Tan sólo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo habitan más de 200 especies en riesgo incluidas en la Norma Oficial Mexicana 059 de la SEMARNAT, como el jaguar, tapir, mono araña, mono aullador y muchas otras, mismas que podrán verse vulneradas por este desarrollo.

• Este proyecto no sólo representa un sistema de transporte, sino el despliegue de actividades económicas que impactarán toda la región, considerada una de las de mayor riqueza natural y cultural de México y del Mundo.

5. La inversión en proyectos de Fracking.

• El compromiso 75 del Plan de Gobierno de la 4T estipula que el uso de fracking para explotar gas y petróleo no será permitido en el país. Sin embargo, durante esta administración ya han sido entregados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) siete permisos para Planes de Exploración que implican el uso del fracking para entre 6 y 10 pozos.

• Durante 2019 y 2020 se ha asignado y ejercido presupuesto público en proyectos de inversión de PEP que requieren fracking, como es el caso de “Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo”.

6. La obstaculización de la transición energética.

• Se destinó 95.7% de los recursos de la SENER a la explotación de fuentes fósiles, frente a la asignación de tan solo 1.3% a actividades que permiten lograr una transición energética en México.

• El Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional limita la penetración de fuentes de energía renovables al ofrecer una mayor participación de plantas de generación eléctrica nocivas, tales como las termoeléctricas a base de combustóleo o las carboeléctricas.

7. El desarrollo del Corredor Transístmico.

• Este proyecto fragmenta la conectividad de la gran región de los Chimalapas con el resto del estado de Oaxaca y Veracruz. La selva de los Chimalapas es el área con mayor diversidad biológica del país, donde se han reportado 146 especies de mamíferos, 316 de aves y 445 de mariposas diurnas, que significan en conjunto un 36% de representatividad de la biodiversidad nacional.

• Se prevé que se establezcan 10 parques industriales en esta región, lo que supone un proceso de cambio de uso de suelo, la principal causa de degradación ecosistémica, por encima de la contaminación. Esto, además, podría implicar impactos sociales sobre las comunidades que habitan estas zonas.

8. El incumplimiento de la legislación en materia de cambio climático.

• La actual administración ha incumplido con la Ley General del Cambio Climático, ya que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático no realizó en 2019 las dos sesiones ordinarias que, como señala la ley, debe llevar a cabo anualmente.

• No se ha presentado el Programa Especial de Cambio Climático que debe elaborarse al inicio de cada administración.

• No se ha dado a conocer de manera transparente la asignación de recursos del Fondo de Cambio Climático.

• No se ha actualizado la Estrategia Nacional de Cambio Climático que debió hacerse en 2019 en temas de adaptación.

HACEMOS UN URGENTE LLAMADO AL GOBIERNO DE MÉXICO A

1. Mostrar su real compromiso con el bienestar de las generaciones presentes y futuras a través del fortalecimiento de la política ambiental y climática, la cual debe ser puesta en el centro de las diferentes decisiones que se tomen desde el gobierno y otros actores del Estado. Para ello, es necesaria una propuesta económica, fiscal, presupuestal e intersectorial que fortalezca las instituciones y organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente y del patrimonio biocultural, integrando indicadores ambientales a los nuevos índices de bienestar propuestos que garanticen el derecho a la salud y un medio ambiente sano.

2. Asegurar la transversalización del tema ambiental y de cambio climático en la política del Estado, para lo cual, entre otras acciones, se deben publicar todos los programas sectoriales, incluido el programa sectorial del sector ambiental, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, así como la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, que eviten un aumento de la temperatura superior a 1.5ºC. Por último, la población debe poder conocer y participar en la política de cambio climático para lo que se requiere la publicación del plan de trabajo del Sistema Nacional de Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del Fondo para el Cambio Climático en 2019 y 2020.

3. Proteger la biodiversidad de México a través de la implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad de México (ENBIOMEX) resultado de un proceso de planeación participa entre diversos sectores y actores de la sociedad mexicana. La riqueza natural y cultural de México son su más valioso patrimonio. Es necesario valorarla, restaurarla, manejarla sustentablemente y conservarla para el bienestar de todos los mexicanos.

4. Establecer un proceso amplio y participativo para la revisión de la Política Energética Nacional a favor de la transición energética justa y sustentable, que incorpore a las poblaciones y comunidades en el diseño de las políticas y en la implementación de los proyectos y en la producción de energía mediante fuentes renovables, con base en sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación, a la tierra, territorio y recursos naturales, a definir sus prioridades de desarrollo y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

5. Poner en marcha de manera inmediata medidas administrativas y legislativas que prohíban legalmente el fracking dando  cumplimiento con el compromiso gubernamental de no llevar a cabo la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracking. Esta acción es impostergable para proteger a las generación actuales y a las futuras de sus impactos sociales, ambientales y climáticos negativos, y para encaminar al país hacia una transición energética justa.

6. Asegurar que las decisiones sobre los proyectos estratégicos impulsados por la presente administración incorporan una visión de largo plazo y las necesidades de las generaciones presentes y futuros. Para ello, entre otras acciones se requiere la publicación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, así como los planes que el gobierno implementará para reducir y atender los impactos de dichos proyectos. Asimismo, el establecimiento de un plan de monitoreo, evaluación y seguimiento del programa Sembrando Vida y medidas para que se apliquen sanciones cuando éste incumpla o genere mayores impactos.

7. Atender los impactos a la salud, al clima y a la sociedad asociados a las actuales políticas y prácticas de movilidad. Para ello solicitamos políticas para adaptar nuestras sociedades y ciudades para reactivar la economía post COVID de una forma saludable, segura, sustentable y solidaria.

8. Establecer procesos participativos para el diseño e implementación de las políticas del Estado que fomenten el diálogo entre sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas y campesinas y entidades gubernamentales, tanto a nivel federal como local. Asimismo, poner en marcha políticas y acciones efectivas para la protección de las y los defensores del territorio y el ambiente, y para el acceso a la justicia ante actos de criminalización, hostigamiento y asesinato. En México, de 2012 a 2019 se han producido 499 ataques contra defensoras y defensores del ambiente y 83 personas han sido asesinadas por esta causa, 15 de ellas tan solo en 2019. Por ello, llamamos de manera urgente a que México ratifique del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

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