La Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena advirtió que las mujeres son las más afectadas por la pandemia del COVID-19 y abogó por un pacto social feminista con igualdad y sostenibilidad.

La pandemia del COVID-19 tiene impactos importantes en la autonomía de las mujeres y la desigualdad de género. Por ello se hace urgente adoptar políticas públicas integrales para una reactivación económica que garantice los derechos de las mujeres y la igualdad de género, advirtió hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante un conversatorio sobre derechos humanos de las mujeres y retos ante el COVID-19, organizado por el Senado de México.

Bárcena fue una de las oradoras principales del encuentro junto a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La reunión virtual fue moderada por Malú Micher, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, y contó con la participación de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación del Gobierno de México; María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; la senadora Mónica Fernández; el senador Ricardo Monreal; y la Presidenta de INMUJERES México, Nadine Gasman; entre otras autoridades del Senado de México.

En su presentación, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recalcó que son necesarias políticas para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en especial de las mujeres jóvenes. Entre estas políticas se encuentran ampliar el espacio fiscal y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios; el establecimiento de un ingreso básico de emergencia por seis meses equivalente a una línea de pobreza; reforzar el financiamiento de políticas clave para las mujeres en el contexto de la pandemia, como los servicios integrales contra la violencia de género; la participación de las mujeres en sectores estratégicos de recuperación económica (como la maquila, turismo y servicios); proteger a las mujeres migrantes; apoyar en las mujeres de las micro, pequeñas y medianas empresas con financiamiento, acceso a mercados y capacitación; e invertir en la economía del cuidado como dinamizador de las economías.

“El impacto social de la pandemia tiene rostro de mujer”, declaró Alicia Bárcena. Recordó que la caída económica esperada para 2020 (-5,3%) agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo y aumentará la pobreza en 29 millones (para llegar a un total de 215 millones). Según cálculos de la CEPAL, alrededor de 110 millones de mujeres en la región se encontrarían en situación de pobreza. Además, el 54,3% de las mujeres se encuentran ocupadas en sectores que presentan precariedad desde el punto de vista de los salarios, sin formalización del empleo ni seguridad del puesto de trabajo y mucho menos acceso a la protección social.

Por otro lado, las medidas de confinamiento por las cuarentenas han propiciado situaciones de violencia extrema y limitado el acceso de las mujeres a los servicios de salud, inclusive a la salud sexual y reproductiva, y a los de apoyo psicosocial y justicia. Además están profundizando la crisis de los cuidados en la región, especialmente para las mujeres de hogares con menores ingresos. Y persiste también la discriminación salarial de género entre profesionales de la salud, donde 72,8% son mujeres, explicó.

“Esta no es una crisis financiera, sino de personas, de salud y de bienestar. Se ha generado una contracción económica al paralizarse tanto la oferta como la demanda. Para enfrentarla es indispensable el rol del Estado, pero un Estado que sea social, no autoritario. Aquí el rol de los parlamentos es esencial para construir un nuevo pacto social que garantice un Estado de Bienestar Universal”, indicó Bárcena a las senadoras, senadores y autoridades presentes en la reunión.

“El telón de fondo de la pandemia es la cultura del privilegio, que naturaliza las desigualdades, la discriminación y aborda la equidad y no la igualdad con un enfoque asistencialista y no de empoderamiento. Esta crisis nos debe llevar a un cambio en el modelo de desarrollo”, insistió. “Tenemos tres décadas de concentración de la riqueza y desigualdades entrecruzadas, con sistemas de salud fragmentados y mercantilizados”, señaló Bárcena.

También enfatizó que se deben desatar los cuatro nudos de la desigualdad de género para potenciar las tres autonomías de las mujeres (económica, física y política). Esto implica avanzar desde una desigualdad socioeconómica y crecimiento excluyente hacia estilos de desarrollo que garanticen la igualdad sustantiva de las mujeres. Pasar de una rígida división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado hacia la redistribución del tiempo, los trabajos y las oportunidades. Movernos de patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y del predominio de la cultura del privilegio a una cultura de los derechos y la igualdad. Y pasar de la concentración del poder a la democracia paritaria.

Alicia Bárcena recordó también que existen marcos de acción, como el Compromiso de Santiago adoptado por la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en enero de 2020, que es una guía para la implementación de políticas para enfrentar la crisis en áreas como la economía del cuidado, una macroeconomía basada en la igualdad, y medidas para enfrentar la violencia de género.

Destacó asimismo la importancia de los derechos de las mujeres defensoras ambientales, en un contexto donde la violencia contra las personas defensoras de temas ambientales ha aumentado drásticamente, ya que América Latina presenta el porcentaje más alto de personas asesinadas por estas causas en el mundo. “El Acuerdo de Escazú -que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información en asuntos ambientales, a participar en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados- y la Estrategia de Montevideo -que busca fomentar la participación de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de mitigación y respuesta ante el efecto de fenómenos climáticos adversos, de gestión del riesgo de desastres y de fortalecimiento de la resiliencia a nivel regional, nacional, subnacional y  local- son dos instrumentos que nos guían en este camino”, precisó.

“Necesitamos un futuro feminista, con una recuperación con igualdad y sostenibilidad”, indicó la máxima autoridad de la CEPAL. “Necesitamos reconstruir mejor (build back better), pero con igualdad para generar pactos y un sistema de protección social universal”, enfatizó Alicia Bárcena.