El Plan de Desarrollo integral (PDI) para el norte de Centroamérica y México es la llave para atender las causas estructurales de la migración, porque busca crear un espacio de desarrollo sostenible estimulando el crecimiento económico, promoviendo el acceso universal a los derechos sociales, impulsando la resiliencia al cambio climático y garantizando los derechos durante todo el ciclo migratorio, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en un evento de alto nivel titulado “El Pacto Global sobre los Refugiados y el Desplazamiento forzado en Centroamérica: Cooperación regional y el MIRPS como solución”, organizado por los Gobiernos de España y El Salvador en el marco de la 75º Asamblea General de las Naciones Unidas.

Junto a Alicia Bárcena, intervinieron Fillippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Arancha González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Alexandra Hill Tinoco, Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador; Marco Mendicino, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, y Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

Durante su intervención, la máxima representante de la CEPAL subrayó que la pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19) encontró a la región en un contexto socioeconómico muy complejo, con brechas estructurales de desigualdad, baja productividad, fragmentación en la protección social y la salud.

“En este contexto de vulnerabilidad económica y social, el costo humano de la crisis sanitaria ya ha sido inmenso. Su impacto socioeconómico será igualmente severo”, advirtió.

Precisó que la CEPAL estima una contracción del PIB regional de -9,1% para 2020 y un aumento del desempleo de 5,4 puntos porcentuales hasta alcanzar al 13,5%. El número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 231 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana y caribeña. Más de 2,7 millones de empresas formales, 2,6 de las cuales son microempresas, se verán obligadas a cerrar, lo que dejará a 8 millones de personas más sin trabajo formal.

En el caso de Centroamérica y República Dominicana el PIB caerá -5,7%. Cinco de los ocho países de la subregión alcanzarían tasas de pobreza superiores al 40% y solo Panamá, Costa Rica y República Dominicana registrarán tasas en torno al 20%.

Alicia Bárcena recordó que durante 2018 más de 196.000 personas fueron retornadas a los países del norte de Centroamérica y subrayó que la volatilidad con relación a las remesas es algo que preocupa en una región que recibe alrededor de 32.000 millones de dólares en remesas.

En el ámbito macroeconómico, los países de Centroamérica y República Dominicana han puesto en marcha diversas políticas fiscales y monetarias, acciones e incentivos que, en promedio, equivalen a un 5% del PIB.

“Sin embargo, estos países enfrentan un reducido espacio fiscal y un pago del servicio de la deuda que excede por mucho lo que pueden invertir en salud, por ejemplo. Por eso hago un llamado urgente a que la comunidad internacional considere el alivio del pago de intereses de la deuda de los países de Centroamérica, que asciende a 2,7% del PIB, por lo menos hasta 2021. Los países de la subregión requieren apoyo urgente de la comunidad internacional, pese a ser considerados de renta media”, afirmó.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL explicó que el Plan de Desarrollo Integral, que involucra a 20 agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas que operan en América Latina y el Caribe, busca cambiar la narrativa de la migración, ubicando la dignidad de la persona migrante y los derechos humanos en el centro con un enfoque de seguridad humana y adoptando un enfoque de ciclo migratorio: origen, tránsito, destino y retorno.

Agregó que el plan explora sinergias regionales y abordajes desde la integración, releva y amplía lo que los Estados ya hacen bien con sus recursos y fortalece capacidades públicas.

La propuesta está ordenada en cuatro ejes temáticos: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio, y contempla 22 programas y 114 proyectos listos para poner en marcha, que involucran una inversión de 45.000 millones de dólares en 5 años.

Finalmente, Alicia Bárcena instó a España y Canadá a concretar una reunión internacional, encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que permita dar a conocer el Plan de Desarrollo Integral y atraiga inversiones y cooperación internacional a la subregión, y destacó la iniciativa que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, propuso ante la ONU para crear un Fondo contra la Economía del Covid-19 (Iniciativa FACE por sus siglas en inglés), que consiste en un fondo de apoyo extraordinario de 500.000 millones de dólares, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías más grandes y fuertes del mundo, —aquellas que representan el 80% del PIB mundial—, para ser intermediados por uno o varios bancos multilaterales de desarrollo, como préstamos concesionales a los países en desarrollo.