El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta Carroll, informó sobre los avances en la implementación de la Política Nacional de Suelo (PNS) en el país y ejemplificó con el trabajo que se realiza tres comunidades de diversos puntos del país, en las que por décadas, miles de familias han carecido de certeza jurídica sobre sus hogares.

Al participar en la conferencia de créditos a la palabra en Palacio Nacional, Iracheta Carroll informó que a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) –uno de los programas prioritarios del Gobierno de México a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)- se atiende a mil 150 familias de la colonia Patios de la Estación, ubicada en Cuernavaca, Morelos, comunidad que durante 50 años ha vivido en condiciones de muy alta precariedad.

El titular del Insus detalló que otra comunidad en la que ya hay avances de la PNS, es Zacatlán, Puebla, donde se trabaja en coordinación con los tres niveles de gobierno para impulsar un ordenamiento territorial, la protección de zonas de valor ambiental y productivo.

A estas dos comunidades se suman Los Cabos, Baja California Sur, donde se impulsa un proyecto de gestión de suelo del riesgo, la generación de una oferta de suelo para brindar alternativas a las familias de menores ingresos y la regularización en asentamientos irregulares.

“Se espera que al cierre del año se estarán entregando las escrituras a la gran mayoría de estas familias, pues la importancia de tener una Política Nacional de Suelo es poder ofertar un suelo adecuado en el mercado formal y así beneficiar a familias de menores ingresos”, destacó.

El director general del Insus, señaló que en los últimos años, las ciudades han crecido 2.3 veces más rápido que la población urbana y con ello han perdido densidad; sin embargo, el crecimiento ha sido desordenado y anárquico.

Detalló que en décadas pasadas, cuando el país carecía de una Política Nacional de Suelo, se generaron consecuencias como que entre 7 y 7.5 millones de lotes sean irregulares y que aproximadamente 90 mil familias se sumen a la irregularidad cada año; que el precio del suelo en zonas urbanas sea elevado, que haya una expansión urbana descontrolada sobre el suelo agrario, un rezago histórico de regularización, la consolidación del mercado informal de suelo y la reproducción del modelo de urbanización inversa.

El director general del Insus explicó que entre los costos que se derivan del crecimiento anárquico de las ciudades en nuestro país destaca: la urbanización periférica e irregular, ineficiencia en el transporte público, los costos por localización en zonas de riesgo, ambientales, por inseguridad y violencia; además de los sanitarios que surgieron a partir de la emergencia sanitaria, los cuales afectan principalmente a las familias de escasos recursos.