Uno de los mayores riesgos financieros internos a los que está expuesto nuestro país es a una degradación en la calificación de la deuda soberana y/o en el peor de los casos una pérdida del grado de inversión.

A lo largo del 2020 ha crecido el número de alertas acerca de la posibilidad de que la calificación crediticia de México se ubique por debajo del grado de inversión. Un recorte en la calificación crediticia implicaría un incremento en el costo de financiamiento para el Gobierno mexicano. Es decir, si México perdiera su grado de inversión, pagaría más intereses en su deuda.

Las empresas mexicanas que emiten bonos en el mercado internacional también se verían afectadas y pagarían tasas más altas. En este sentido, es una muy buena noticia el hecho de que la calificadora Fitch Ratings, una de las tres más importantes del mundo, mantuvo la calificación de la deuda soberana de México así como su perspectiva estable, en la evaluación que dio a conocer la semana pasada.

Aunque la noticia pasó con poco eco en los mercados financieros, debido al entusiasmo generado por noticias de avances significativos en las vacunas contra COVID-19, la decisión de Fitch brinda tranquilidad a los agentes económicos y al gobierno federal ante el panorama de múltiples riesgos existente para el corto y mediano plazo.

Entre las tres grandes, Fitch es la que tiene a la deuda de nuestro país en el escalón más bajo. La nota BBB es la mínima para mantener el grado de inversión. Previo a inicios de noviembre pasado, tanto Fitch como Standard & Poors y Moody’s procedieron a bajarle la calificación al país. La metodología de las agencias varía entre ellas, así como las calificaciones que utilizan.

Sin embargo, todas dividen sus calificaciones en “grado de inversión” versus “basura”. Entre las tres calificadoras, solo Fitch coloca a México un escalón encima de la calificación “basura”. S&P lo coloca dos escalones arriba y Moody’s tres; estas dos últimas amenazan con bajar la calificación un nivel más en los próximos meses, al ponerla en perspectiva negativa. Conviene recordar que las notas de las agencias calificadoras son clave para los inversionistas a la hora de tomar decisiones para invertir en los mercados financieros. Esto es, las agencias son organismos de gran influencia económica a nivel mundial.

Una degradación por parte de esta institución implicaría que la deuda gubernamental se convirtiera en un ‘bono chatarra’ o como se le conoce elegantemente, como una deuda con grado especulativo. A pesar de que uno de los compromisos del presidente López Obrador es no incrementar la deuda, las necesidades de financiamiento del Gobierno siguen siendo grandes y la producción del país se desplomó por la pandemia, por lo que fue imposible contener un déficit. Gran parte de la deuda mexicana está en dólares, por lo que una depreciación del tipo de cambio también incrementa el nivel de deuda. A pesar de los esfuerzos de la Administración, hay factores que están fuera de su control.

En la evaluación que dio a conocer, Fitch pondera la prudencia fiscal que ha caracterizado a la actual administración en medio de la crisis derivada de la pandemia.

La importancia de esta decisión radica en que sí es posible evitar la pérdida de grado de inversión de la deuda soberana de México. Existe un camino para ello, y la propia Fitch lo trazó. Consideramos que para que nuestro país mantenga las calificaciones dentro del rango de grado de inversión se requiere actuar en al menos dos grandes frentes: 1) aprobar una reforma fiscal que ataque el problema estructural de baja recaudación tributaria que tiene el país. Esta podría darse tan pronto como con vigencia inicial en el 2022 y 2) hacer un viraje en el modelo de negocio de Pemex.

Para no degradar la nota de la deuda mexicana ni tampoco considerar una perspectiva negativa, Fitch asume la posibilidad de que en 2022 pueda entrar en operación una reforma fiscal que fortalezca los ingresos del sector público. Sin embargo, esta decisión no parece estar contemplada por al gobierno actual. El presidente López Obrador ha reiterado que no aumentará impuestos (ni nuevos ni mayores tasas), al menos se ha referido así para los primeros tres años de su administración. Los esfuerzos de una reforma podrían ir encaminados a combatir la elusión y evasión fiscales, así como buscar una participación más directa de los gobiernos estatales en la recaudación de ciertos impuestos.

Respecto a Pemex, sus requerimientos financieros siguen siendo muy altos. Se estima que debería de tener inyecciones cercanas a los 20 mil millones de dólares anuales, algo difícil de cumplir. Por ello, la empresa debería de cambiar su enfoque buscando reducir la actividad de refinación y reactivar los mecanismos de inversión conjunta con el sector privado, de manera que ya no recaiga toda la carga de financiar esas inversiones sobre el gobierno federal.

Si esto no ocurriera, entonces no sería difícil pensar que la calificadora (o alguna de las otras dos agencias) modificara su perspectiva en el curso del próximo año y primero cambiara la perspectiva a negativa para luego bajar directamente la nota. Sobre todo porque los siguientes tres años del gobierno que son una incógnita sobre lo que podría hacer la Administración de AMLO. La reacción del peso mexicano al anuncio de Fitch fue de impacto limitado y escasa variación. La cotización del tipo de cambio está en mayor medida muy dependiente de factores externos, en particular a todo lo relacionado al coronavirus, tanto por la parte de vacunas como de la segunda ola de rebrotes, así como de las expectativas de mayores estímulos monetarios y fiscales.

Sin embargo, consideramos que el impacto de la decisión de Fitch tiene mayores implicaciones para la cotización del peso para los primeros meses del próximo año, dándole oportunidad en apreciarse hacia los 19.0. Sin embargo, todavía es muy probable perder esta condición de confianza tan pronto como la segunda mitad del año, cuando regrese el riesgo de pérdida de grado de inversión, y el peso mexicano rompa su racha de recuperación de mediano plazo.