La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha magnificado las brechas estructurales de los países de la región, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento que pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con igualdad, afirmó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Durante una reunión virtual con los países de América Latina y el Caribe miembros de la CEPAL, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, presentó el Informe especial COVID-19 N⁰ 10 de la institución, titulado Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo, el cual propone cinco medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y pone énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir un futuro mejor.

“En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%)”, afirmó Alicia Bárcena durante la presentación del documento.

La Secretaria Bárcena añadió que la brecha de financiamiento del sector público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de servicios (turismo). De 2019 a 2020, el déficit en cuenta corriente pasó del 1,4% al 4,5% del PIB en el istmo centroamericano y del 4,8% al 17,2% del PIB en el Caribe. Además, en la región habrá una importante caída de la inversión extranjera directa que será de entre el 45% y el 55%, aproximadamente, en el mismo período.

El informe indica que las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso de nuestra región el FMI ha puesto a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19. En enero de 2021, dicha institución había destinado unos 66.500 millones de dólares a América Latina y el Caribe, lo que representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de dólares) que había destinado a 85 economías en desarrollo.

Los datos disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan que el financiamiento que el FMI otorgó en el marco de sus programas Instrumento de Financiamiento Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3% y el 23,1% en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento internas y externas que los países tenían en 2020. Esto equivalía al 0,8% y al 2,1% del PIB, y al 6,5% y al 8,0% de las reservas internacionales, respectivamente.

Sin embargo, estos instrumentos financieros no benefician a todos los países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y el Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en particular para los pequeños estados insulares del Caribe.

El informe afirma que, en el contexto actual de la pandemia, la agenda de financiamiento para el desarrollo plantea dos retos interrelacionados. A corto plazo, se debe favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores. Además, las políticas de financiamiento para el desarrollo a corto plazo también son necesarias para compensar los efectos perjudiciales que las políticas de contención -basadas en el distanciamiento físico y el aislamiento voluntario- tienen sobre la actividad económica, el tejido y la estructura productiva, y el empleo.

Esto supone sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que es necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento del ingreso, como una renta básica temporal garantizada por el Estado.

A mediano y largo plazo, a medida que la prioridad de las políticas pase a ser construir un futuro mejor en lugar de hacer frente a la urgencia, el programa de financiamiento para el desarrollo debe promover una orientación de política anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener un crecimiento adecuado. En este contexto, la ampliación de los gastos públicos de capital y los desembolsos destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son fundamentales para impulsar la labor de recuperación.

El informe Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo propone cinco medidas de política para afrontar ambos retos.

Una primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones de DEG nuevos, representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe.

La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE) propuesto por el Gobierno de Costa Rica. El FACE se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de dólares (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo y medio o el 0,7% del PIB de los países desarrollados).

Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el COVID-19.

Una tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.

Una cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).

Como quinta medida de política, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.

Asimismo, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la resiliencia. El Fondo de Resiliencia del Caribe se dedicará a atraer financiamiento a gran escala y de bajo costo para destinarlo a invertir en sectores verdes, a reducir la deuda mediante el canje de esta por adaptación al clima, y a apoyar la inversión en proyectos que fomenten la resiliencia. Además de atraer financiamiento en condiciones favorables y otras fuentes de financiamiento, el Fondo de Resiliencia del Caribe se financiaría mediante una reducción de la deuda que representa el 12,2% del total de la deuda pública de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, que asciende a solo 7.000 millones de dólares.

El documento subraya que la orientación de las políticas de los países de América Latina y el Caribe también es fundamental a los efectos de construir un futuro mejor.

“El margen para aplicar políticas se puede aumentar si se eliminan la elusión y la evasión fiscales, y se hace caer el peso de la tributación en los impuestos directos y los que gravan la propiedad y el patrimonio. También se debe reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para ello, en dicho gasto se deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes”, concluye.