La crisis provocada por la COVID-19 ha afectado a América Latina con más fuerza que a cualquier otra región del mundo y ha puesto de relieve la necesidad de una recuperación resiliente e inclusiva. Un mayor acceso digital —en apoyo de la educación a distancia, las transferencias de efectivo digitales, la telemedicina y los servicios públicos en línea— es la piedra angular de esta agenda y requiere políticas ambiciosas y un programa de regulaciones, así como mayores inversiones en infraestructura. Esto es particularmente importante a medida que la región se prepara para las subastas de la tecnología 5G y continúa su expansión de la tecnología 4G.

Los argumentos a favor del acceso digital son claros. La digitalización impulsa la inclusión social y financiera, así como los resultados en materia de aprendizaje y salud. Actualmente, casi la mitad (i) de la población adulta de la región no está bancarizada. Unos 170 millones (i) de estudiantes en toda la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y el 71 % de los países experimentó interrupciones en la prestación de atención para enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis provocada por la COVID-19.

Pero los desafíos son sustanciales: la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el acceso digital.

En la actualidad, menos del 50 % de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9 % cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37 % ). Y solo 4 de cada 10 latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con el 71 % de la población de zonas urbanas.

Los planes de datos y los dispositivos con internet no son asequibles para las personas pobres de la región . En promedio, el costo de un plan de datos de solo 1GB representa el 2,7 % del ingreso familiar mensual (o entre el 8 % y el 10 % para el quintil inferior en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2 % de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Además, el costo del teléfono inteligente básico más barato disponible representa entre el 4 % y el 12 % del ingreso familiar promedio en gran parte de la región, y entre el 31 % y el 34 % en Guatemala y Nicaragua o incluso el 84 % en Haití.

Estos costos desproporcionadamente altos para las poblaciones vulnerables podrían dar lugar a nuevas formas de disparidades en lo que ya es la región desigual en el mundo.

Abordar la brecha digital

Enfrentar la brecha digital es urgente y requerirá acciones de políticas para reducir los costos, ampliar el acceso e incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado , en especial en cuatro áreas.

En primer lugar, los gobiernos latinoamericanos deben buscar la inclusión a través del suministro de servicios y reformas jurídicas y regulatorias . Esto puede incluir: establecer sistemas de identificación digital fundamentales para todos los ciudadanos a fin de permitir un acceso seguro y confiable a plataformas públicas y privadas; promover el intercambio de infraestructura entre los operadores de las redes y el acceso a la “fibra oscura” de propiedad de los gobiernos, las empresas de servicios públicos y otros; aumentar la competencia en un mercado altamente concentrado de operadores móviles para estimular la innovación y las inversiones promocionando el libre acceso, la neutralidad tecnológica y mayores opciones de seguridad; adjuntar a las licencias de espectro 4G y 5G las obligaciones de construcción de redes para las zonas insuficientemente atendidas, y agilizar los procesos de aprobación y administración. En promedio, los países de la región con regulaciones claras y predecibles atraen casi un 50 % más de inversiones en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (y un 64 % más cuando se combinan con buenas instituciones).

En segundo lugar, los responsables de la formulación de políticas deben considerar incentivos financieros directos o indirectos tanto para los clientes como para los operadores digitales , según corresponda. Por el lado de la demanda, subsidiar los costos de internet para los más pobres y reducir los impuestos y aranceles aduaneros en dispositivos de bajo costo con internet ayudarían a reducir los precios que excluyen a los pobres. Por el lado de la oferta, los gobiernos pueden usar concesiones de subsidio mínimas o incentivos fiscales temporales a la inversión para inducir a los operadores de redes a extender el servicio a las regiones desatendidas. Iniciativas similares también podrían alentar a las empresas y los inversores del sector privado a ampliar otras infraestructuras digitales, como los centros de datos locales. Actualmente, solo un 4 % de los centros de datos del mundo se encuentra en la región.

En tercer lugar, un programa ambicioso para ampliar el acceso digital requerirá inversiones tanto públicas como privadas, pero tiene un precio relativamente modesto . Durante la próxima década, se estima que la universalización del acceso de banda ancha en Latinoamérica costará el 0,12 % del PIB anual de la región; la implementación de la tecnología 5G en centros metropolitanos de primer y segundo nivel un 0,17 % y el logro de las metas de conectividad de la OCDE, un 0,62 %. En una región que invierte poco en infraestructura pública, subsanar la brecha de infraestructura digital es más barato que solucionar las de transporte, energía y otros sectores de infraestructura.
En cuarto lugar, la expansión digital no debería operar en un silo de conectividad. Es necesario acelerar las medidas complementarias, como la formación en habilidades digitales. Solo entre el 5 % y el 15 % de los adultos en la mayoría de los países de la región tienen habilidades informáticas y de resolución de problemas de nivel medio o alto en entornos con un elevado grado de tecnología (frente al 29,7 % en los países de la OCDE).

La transformación digital es muy prometedora para Latinoamérica, pero liberar sus múltiples beneficios demandará un esfuerzo concertado . En este sentido, el Banco Mundial está ayudando a proporcionar conectividad de banda ancha a unas 1300 instituciones públicas en Haití y asistiendo al gobierno colombiano para mejorar las políticas y regulaciones que facilitarán la ampliación del acceso a la banda ancha.

Si bien la mayoría de los países de la región continuarán centrándose en la respuesta a la pandemia en el futuro cercano, ahora es el momento de aprovechar las oportunidades digitales que le permitirán desbloquear un futuro más verde, resiliente e inclusivo.