La Secretaría de Economía (SE) informó que un tribunal internacional resolvió desestimar las reclamaciones de la empresa francesa Eutelsat, que acusó a nuestro país de afectar sus expectativas de inversiones y darle un trato discriminatorio.

A través de un comunicado, la dependencia apuntó que el caso inversionista-Estado fue promovido por la francesa Eutelsat al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) México-Francia y fue establecido conforme al Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario) del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

«Eutelsat alegó que México afectó sus expectativas legítimas de inversión, no le otorgó un trato justo y equitativo; y la trató de manera discriminatoria en comparación con el trato otorgado a otras empresas en el sector. El Tribunal arbitral desestimó estas reclamaciones».

Como antecedente, en julio de 2017, Eutelsat S.A. (Demandante) presentó una solicitud para
someter una reclamación a arbitraje conforme al APPRI México-Francia. Eutelsat adquirió en 2014 el 100% del capital accionario de la empresa SATMEX y con ello se convirtió en titular de las concesiones que fueron otorgadas a SATMEX para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias de México. Eutelsat reclamaba presuntos actos arbitrarios de la SCT, dado que ésta se había negado a reducir la Capacidad Satelital Reservada al Estado (CSRE) contenida expresamente en sus títulos de concesión relativa a la capacidad satelital gratuita a favor del Estado mexicano.

La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, perteneciente a la Subsecretaría de Comercio Exterior, coordinó la defensa del Estado mexicano en este procedimiento arbitral, administrado por el CIADI, organismo del Banco Mundial.

El tribunal determinó que México no incumplió sus obligaciones emanadas del APPRI México-Francia y desestimó las reclamaciones sobre el fondo. Por ello, el Tribunal condenó a Eutelsat al pago de una parte proporcional de los honorarios y gastos legales de México, así como a cubrir parte de los costos del arbitraje.

El resultado de este arbitraje es un gran logro para el Estado mexicano y una muestra del arduo trabajo de la Secretaría de Economía.