El día de ayer el Ejecutivo Federal publicó un Acuerdo por el que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores y aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

En el Acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras para garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

El texto hace referencia a todo tipo de infraestructura, así como de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el propósito de la iniciativa es “agilizar trámites burocráticos para que no se detengan las obras” y dar seguridad y confianza a las empresas.

Sin embargo, para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), su preocupación se debe a que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes. No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social.

Además, el desarrollo de proyectos de infraestructura que estén diseñados para promover la actividad económica y el desarrollo regional o nacional, requiere de evaluaciones de impacto ambiental, de demanda de uso, de estudios de ingeniería de proyectos, de análisis y evaluación de riesgos y de viabilidad financiera y económica, además de otros aspectos que garanticen su efectividad y sostenibilidad. Por ello, se debe tomar el tiempo necesario para su correcta realización antes de iniciar las obras, para evitar sobre costos y sobre plazos.

El acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo. Ello podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Adicionalmente, la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país.

El IMEF reitera que está a favor de cualquier iniciativa de política pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y proteja la seguridad nacional. No obstante, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del Acuerdo mencionado.