La Iniciativa Privada de San Luis Potosí presentó a las autoridades estatales varias propuestas para que la reglamentación del impuesto ambiental tome en cuenta los esfuerzos que ha realizado la industria en esta materia.

Incentivos para que las empresas migren a procesos verdes, reconocimiento a quienes ya implementan procesos amigables con el ambiente e incluso exenciones impositivas a quienes cumplan con ciertos requisitos fueron algunos de los planteamientos elaborados en el Foro de Impuestos Ambientales, realizado con el apoyo de los 12 organismos empresariales de San Luis Potosí.

Otras de las propuestas del sector industrial consisten en que la autoridad defina en la Ley si el impuesto debe gravar los gases de efecto invernadero o las partículas que inciden en la calidad del aire; que haya incentivos por el uso de combustibles alternos y que sea posible deducir las emisiones evitadas por su utilización.

El Consejero Jurídico del Estado, representantes de las secretarías de Finanzas y Ecología, así como algunos diputados locales conocieron de primera mano estas propuestas al asistir al Foro, realizado el 22 y 23 de abril.

El Presidente de Coparmex de San Luis Potosí y líder de la Alianza Empresarial, Luis Gerardo Ortuño, propuso a las autoridades realizar mesas de trabajo para formalizar las propuestas de reglamentación.

Coincidieron también en proponer en próximos días, un documento que recoja todas las sugerencias vertidas en el Foro suscrito por los 12 organismos empresariales que conforman la Alianza Empresarial.

En el Foro participaron representantes empresariales de diversas industrias con presencia en la entidad, que en total tuvo un quórum de más de 300 personas durante los dos días.

Destacó la intervención de panelistas integrantes de la vicepresidencia de Sustentabilidad de la Coparmex Nacional, además de representantes de la Industria, abogados de la Barra Mexicana y de despachos reconocidos a nivel nacional, entre otros.

La realización de este conversatorio sobre impuestos ambientales se fundamenta en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que establece la facultad de ser órganos de consulta para el Estado en los temas de interés.