La Corte Interamericana de Derechos Humanos está evaluando el alcance de las obligaciones estatales, en sus dimensiones individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El proceso, que debe desembocar en la redacción de una opinión consultiva, incluye audiencias públicas en Brasil este mes: en Brasilia, el viernes 24, y en Manaus, entre el 27 y el 29. La opinión deberá publicarse a finales de año.

Las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana son obligatorias. En los casos en que se aleguen violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los tribunales nacionales están obligados a utilizar las opiniones consultivas de la Corte para interpretar la Convención. Pero incluso más allá de un caso concreto, la Opinión Consultiva de la Corte tiene gran influencia en las políticas públicas y la legislación. Esto se debe a que la Corte Interamericana ha desarrollado lo que se conoce como control de convencionalidad, por el que todas las autoridades públicas están siempre obligadas a aplicar las normas de origen interno de forma compatible con la Convención Americana y las Opiniones Consultivas de la Corte.

La reciente tragedia del sur de Brasil ha puesto de manifiesto la dimensión humana -para las generaciones actuales y futuras- inherente al reto de hacer frente a las consecuencias de la emergencia climática. La proliferación de sequías, inundaciones, corrimientos de tierras e incendios, entre otros, ponen de relieve la necesidad de responder con urgencia y eficacia. Romina Picolotti, presidenta de CEDHA y asesora principal para cuestiones de cambio climático de la IGSD, subraya la urgencia de adoptar medidas para cambiar la trayectoria del calentamiento global a corto plazo: «Reducir los gases de efecto invernadero de vida corta y alto poder calorífico, como el metano, puede evitar casi cuatro veces más calentamiento de aquí a 2050 que las estrategias que abordan únicamente las emisiones de carbono. Es la única forma de reducir el ritmo de calentamiento a corto plazo», advierte.

La afirmación de Picolotti está respaldada por la Evaluación Global del Metano de la ONU, que recomienda reducir el metano como la estrategia más rápida para limitar el calentamiento en los próximos 20 años. Las medidas abarcan tres sectores económicos: la producción de energía (sobre todo en las industrias del petróleo y el gas), la agricultura y los residuos. La reducción de las emisiones de metano puede hacerse adoptando medidas rentables que creen puestos de trabajo locales, mejoren la salud humana y la productividad de los cultivos. El estudio de la ONU muestra que es posible reducir las emisiones hasta un 45% para 2030 en comparación con la trayectoria actual, lo que permitiría alcanzar casi 0,3°C de calentamiento evitado para 2040.

«La Corte Interamericana tiene una oportunidad extraordinaria para asesorar a los Estados sobre las acciones necesarias para aumentar la resiliencia y evitar violaciones masivas de los derechos humanos. A la cabeza de la lista están las acciones para reducir las emisiones de metano, carbono negro y HFC, que son las más eficaces para frenar el ritmo de calentamiento a corto plazo, en paralelo con la mitigación del CO2», sostiene Picolotti.

Importancia para Brasil y América Latina

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC indica que la limitación de los recursos hídricos provocada por el retroceso de los glaciares en los Andes y la alteración de los ciclos regionales de precipitaciones podrían afectar en gran medida a la población. Además, la subida del nivel del mar y el aumento de la temperatura de las aguas superficiales repercutirán en las comunidades costeras, los suministros de agua y las economías de toda la región. Esto podría afectar de manera desproporcionada a las naciones costeras e insulares de la cuenca del Caribe.

La región de los Andes se encuentra entre las zonas más sensibles del mundo a las migraciones y desplazamientos asociados al cambio climático. En Colombia, un aumento de la temperatura de más de 1,5°C provocará un aumento de la intensidad y la frecuencia de las temperaturas extremas, las tormentas, las inundaciones, los corrimientos de tierra y las olas de calor.

La selva amazónica, que alberga el 40% de los bosques tropicales que quedan en el mundo y el 25% de la biodiversidad de la Tierra, está amenazada. Además, si la tendencia a la deforestación en el Amazonas continúa y supera el punto de inflexión, se producirán efectos devastadores en la regulación de las precipitaciones. Además, este cambio no sólo tendría efectos devastadores para nuestra región, sino también a nivel mundial, ya que podría contribuir al efecto de calentamiento extremo de la Tierra.

Entre otros impactos, en la región andina se prevé un aumento de entre el 100 y el 200% en el número de personas afectadas por inundaciones, un aumento en la transmisión de enfermedades como la malaria, el dengue y la chikungunya, efectos negativos de hasta el 85% en la fauna y flora de la región, una reducción de las cosechas debido a sequías cada vez más frecuentes, una reducción de la agricultura debido al aumento de las temperaturas y una reducción de la pesca debido a la acidificación de los océanos. Esto, según el IPCC, es sin duda una causa que aumentará la movilidad humana global, ya que actualmente hay pruebas de que esto está ocurriendo. Este desplazamiento tendrá impactos diferenciados en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo poblaciones costeras y habitantes de islas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, entre otros.

Además, los efectos adversos del cambio climático se dejarán sentir con mayor intensidad en aquellos sectores de la población que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a factores como la afectación de los lugares donde viven -zonas costeras o rurales-, la pobreza, el género, la edad, la pertenencia a pueblos indígenas, la raza u origen étnico, el origen nacional, la condición de migrante, entre otros. Por ejemplo, el Relator de Naciones Unidas sobre Migración, en un informe de julio de este año, señalaba que el 80% de las personas desplazadas por fenómenos relacionados con el clima son mujeres y niños. Además, los efectos adversos del cambio climático están exacerbando la migración con impactos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Esto confirma la necesidad de adoptar un enfoque interseccional en este ámbito.

Para los países que solicitaron la evaluación, esta evidencia demuestra el estrecho vínculo entre la emergencia climática y las violaciones de los derechos humanos. Las normas de derechos humanos pueden ayudar a agilizar las respuestas a la emergencia climática promoviendo políticas que cumplan con las obligaciones de respeto y garantías por parte de los distintos actores clave. Debatir esta cuestión ante un tribunal regional también permite abordar no sólo las obligaciones nacionales o regionales, sino también las vinculadas a la cooperación internacional y las obligaciones compartidas pero diferenciadas, desde una perspectiva de derechos humanos.

Carlos Asúnsolo, Director de Investigación y Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) explicó,  «La Opinión Consultiva sobre Cambio Climático es una oportunidad histórica para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca un estándar ambicioso y ejemplar en materia de acción climática. El proceso ha batido récords en cuanto al número de observaciones presentadas por las organizaciones, lo que demuestra el interés y la importancia que tiene para la región. En este contexto, no debemos perder de vista la importancia de abordar las obligaciones de los Estados en relación con los contaminantes de vida corta, especialmente el metano. Reducir eficazmente las emisiones de metano nos da tiempo en la lucha contra el cambio climático».

por su parte, Viviana Krsticevic. – Profesora de Derecho en el Washington College of Law de la American University. director ejecutivo del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo,  “El proceso de debate aireado y plural en el tribunal interamericano permite construir mejores hojas de ruta que tengan a las personas y a los pueblos en el centro de la discusiòn y que estén regidas por principios de igualdad, dignidad y derechos fomentando soluciones más sostenibles, justas y duraderas. La opinión consultiva generará una hoja de ruta para modificar las prácticas estatales y empresariales, la legislación y la respuesta de la administración de justicia para acelerar la respuesta a la emergencia climática con una perspectiva de justicia, igualdad y derechos.”