En un conflicto que lleva más de 15 años, vecinos de Playa del Carmen denuncian que el consorcio hotelero The Fives se ha apropiado paulatinamente del acceso público a la playa Xcalacoco. A principios de diciembre del 2023, el complejo adquirió otro terreno y han intentado obstruir el paso comunitario al mar. El suceso levantó protestas vecinales lideradas por el activista Antonio Saldívar, quien ha sido amedrentado por los hoteleros.

Para apoyarlo, vecinos de la zona han organizado una colecta solidaria que le ayude a solventar los gastos de defensa legal ante la presión jurídica de los empresarios.

“Se van adueñando de a poco de las entradas públicas a la playa, a tal punto que de repente la gente ya no tiene. Por ejemplo, en Cancún hay muy pocas entradas públicas a la playa; todas son hoteles de cinco estrellas”, explica Antonio en una entrevista.

En el caso de Xcalacoco, durante las primeras semanas de diciembre pasado, ciudadanos documentaron cómo se les impedía el estacionamiento en el acceso público al mar poniendo piedras grandes y bardas de metal sobre la calle ubicada entre las dos propiedades del complejo. Ante las denuncias, autoridades municipales acudieron a la calle para ordenar que fueran retiradas las piedras.

Esa entrada al mar fue inaugurada por la alcaldía en 2015 para garantizar el acceso comunitario a las playas públicas. Sin embargo, se trata de una problemática de las últimas dos décadas que se ha replicado en múltiples zonas del Caribe mexicano.

Para frenar la obstrucción en Xcalacoco, el activista Antonio Saldívar alzó la voz y asumió un papel de liderazgo en las protestas vecinales. Así como la documentación de las modificaciones en el espacio público, difusión en redes sociales y organización de jornadas informativas para alertar a la comunidad.

“El hotel pretende poder trasladar a sus huéspedes entre sus instalaciones pasadas y las adquiridas recientemente, de ahí la sospecha fundada de que pretenden cerrar la vialidad y el acceso público a la playa”, denunciaba el activista y vecino de la zona.

En respuesta a la resistencia vecinal, el consorcio hotelero solicitó a la fiscalía estatal medidas cautelares para evitar que el activista se acercara a sus propiedades. En la denuncia, argumentaron que Antonio había amenazado con incendiar el hotel, colocar una bomba y agredir a turistas.

En mayo pasado, un juez desechó las medidas cautelares dejándolas sin efecto. El propio activista ha denunciado que a la fecha no han presentado evidencias y la situación le ha causado daños económicos y de salud.

“Desafortunadamente, los procedimientos legales para defenderse son muy largos y costosos, incluso cuando son completamente inocentes. Ser atacado injustamente ha causado un estrés físico y mental significativo, pérdida de tiempo, trabajo y todos sus recursos financieros”, cuentan amistades de Antonio.

Para apoyarlo, organizaron una colecta solidaria a través de la plataforma GoFundMe con la meta de sumar recursos para poder pagar su defensa legal.