Desde la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, hacemos un llamado al Senado de la República a que realice un análisis más profundo, tomando en cuenta todas las opiniones de especialistas y sociedad, antes de continuar con el proceso legislativo de la Reforma al Poder Judicial, aprobada por la Cámara de Diputados.

Esta reforma no representa un beneficio tangible para los ciudadanos y, por el contrario, pone en riesgo la imparcialidad y autonomía de la justicia en México. Es fundamental que el Poder Judicial siga siendo un órgano independiente, alejado de cualquier influencia política que pueda comprometer su función esencial de impartir justicia.

La capacitación y preparación del personal del Poder Judicial son necesarias para garantizar un sistema judicial eficaz y confiable. Cualquier reforma debe priorizar su profesionalización y autonomía, sin comprometer los principios democráticos que aseguran el acceso a una justicia imparcial.

Diversos actores de la sociedad; estudiantes, organizaciones civiles, organismos empresariales han expresado su rechazo, mientras que representaciones extranjeras diplomáticas y comerciales, su preocupación por esta reforma, y es necesario que sus argumentos sean considerados.

Adicionalmente, ya se han encendido diversas señales de alerta ante los riesgos que esta reforma representa para la inversión extranjera en el país. La incertidumbre jurídica generada por una reforma de esta naturaleza afecta la confianza de los inversionistas, quienes buscan un entorno estable y predecible para llevar a cabo sus proyectos.

Cualquier debilitamiento del estado de derecho puede comprometer gravemente las oportunidades de inversión y, con ello, el crecimiento económico y la generación de empleos en México.

Hacemos un exhorto a los senadores de las distintas fuerzas políticas para actúen con responsabilidad, velando por el bienestar de la nación y dejando de lado intereses personales o partidistas. El verdadero progreso de México sólo será posible si las decisiones se toman en favor del fortalecimiento institucional y del beneficio colectivo.

La división de poderes es un principio fundamental de cualquier democracia sólida. El equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial garantiza que ninguna instancia concentre un poder excesivo y que cada una cumpla con sus responsabilidades de manera independiente. Cualquier intento de modificar este equilibrio puede comprometer la salud democrática del país y debilitar nuestras instituciones.