El desafío más importante del gobierno entrante es el de disminuir la elevada incertidumbre económica reinante. Los mercados financieros se mantuvieron tranquilos en los meses previos a las elecciones presidenciales. No obstante, los alteró la sorpresiva amplia victoria de Morena y sus aliados, que los acercaba en mucho a una mayoría calificada que podía cambiar la constitución. Tal impacto se ahondó cuando en la misma semana de las elecciones el presidente, con apoyo de la presidenta electa, impulsaron la reforma al sistema judicial presentada por el primero.

Adicionalmente, Morena en el Congreso entrante (desde el 1o de septiembre) ha señalado que retomarán toda la agenda de las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el presidente el 5 de febrero. Tales reformas debilitan el actual marco institucional de contrapesos, que es considerado muy importante para que fluyan adecuadamente las inversiones productivas y financieras en el país.

La elección presidencial del 2018 constituye una buena referencia para reflexionar sobre los impactos negativos de la incertidumbre. En aquel año, los mercados se mantuvieron relativamente nerviosos ante el escenario, crecientemente probable, de que el candidato de izquierda ganara la elección. El discurso moderado de AMLO previo a la jornada electoral y sobre a los mercados financieros, los cuales volvieron a reaccionar negativamente tres meses después, en octubre, ante la decisión del ya presidente electo de cancelar el nuevo aeropuerto, ya en construcción.

Aunque el 1 de diciembre, cuando asumió la presidencia, AMLO retomó su discurso conciliador, la incertidumbre, junto a sus señales erráticas, llevó a que la variación de la inversión privada fuera negativa durante seis trimestres consecutivos, lo que llevó a una moderada recesión en el 2019: el PIB de ese bajó, -0.4% anual, después de un aumento el año previo, de 2.2%.

En el ámbito económico el desafío más importante del nuevo gobierno es convencer de que el poder acumulado, con pocos contrapesos, no implicará políticas públicas hostiles a la economía de libre mercado. El gobierno de AMLO mantuvo políticas públicas que restringieron la inversión privada en algunos sectores de la economía, en particular en el sector energético, y buscaron ampliar la intervención del ejército en la construcción y manejo de obras de infraestructura. Varias de sus políticas enfrentaron la oposición de partidos políticos en el Congreso (evitando cambios constitucionales) y en el sistema judicial, en particular cuando se aprobaron leyes secundarias que iban en contra de la constitución.

Ahora, el esbozo del programa de gobierno será evaluado tanto en sí mismo, como señal que permita hacerse una idea del enfoque con que el gobierno abordará la relación con el sector privado, así como con nuestro principal socio comercial.

El gobierno saliente hereda al nuevo, problemas económicos relevantes, sobresale en el corto plazo el fiscal. A pesar de que el gobierno saliente mantuvo la mayoría de los pilares de la estabilidad macro financiera (apoyo al libre comercio, flotación cambiaria, respeto a la autonomía del banco central, regulación financiera sólida), debilitó, al final del sexenio, el pilar de la disciplina fiscal. El déficit fiscal que estimamos será de 6.2% del PIB este 2024 (el más alto en más de tres décadas).

No era necesario desde el punto de vista económico (el país no estaba en recesión), sino electoral, a la vez que es contradictorio con la política monetaria restrictiva de Banxico. Dados los niveles de deuda pública (56% del PIB este año, también la más alta en tres décadas), se requiere un mensaje convincente de la forma en que será enfrentado por la nueva administración. No será fácil: si se anuncia que se bajará a 3% tal déficit en 2025, y es creíble, ello llevaría a anticipar una recesión de la economía.

El pronóstico de crecimiento del PIB para el 2025, de 0.8%, supone que el recorte al gasto público no es tan severo (se anticipa que el déficit sea de 4.9%). Por el contrario, si no se observa que sea creíble una baja sustancial del déficit (incluyendo su trayectoria los siguientes años) entonces las primas de riesgos subirán más significativamente de lo que lo han hecho en los últimos meses y la calificación de grado de inversión de la deuda pública será amenazada.

Esa credibilidad depende de lo que se presente respecto a un lastre creciente para las finanzas públicas, que es Pemex. Más en general, es difícil que sea creíble la estabilización de las finanzas públicas sin el anuncio de un ajuste a los ingresos (reforma fiscal), y una cuantificación realista (y su financiamiento) de los egresos (nuevos programas sociales y de infraestructura; reestructuración de Pemex). Ahí también jugará el papel que se le asigne al sector privado en el financiamiento de los proyectos de infraestructura. También, en el corto plazo, las leyes secundarias de la negativa reforma judicial constitucional serán de gran importancia para matizar algunos de los muchos riesgos que plantea esa reforma para la inversión privada.