Tras esta sentencia vinculante, Japón renunció a sus campañas en el Antártico. Pero en 2019 decidió abandonar la Comisión Ballenera Internacional y relanzar oficialmente la caza comercial de ballenas en sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva. «Fue una decisión drástica y sorprendente, que curiosamente causó poco revuelo en la comunidad internacional», afirma Laurence Boisson de Chazournes, desde Ginebra y que también ha trabajado para el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Desde entonces, el gobierno japonés intenta reactivar el consumo de carne de ballena en su país en nombre de la tradición, a pesar de la fuerte caída de la demanda. Tras alcanzar un máximo de 233.000 toneladas vendidas al año a principios de la década de 1960, el consumo de carne de ballena cayó a sólo 1.000 toneladas en 2021.

La Agencia de Pesca japonesa, que considera que los recursos son suficientes, ha decidido ampliar la caza del rorcual común, el mamífero más grande del planeta después de la ballena azul, y una especie en peligro. Esta decisión ha sido criticada por el Gobierno australiano y por Sea Shepherd, que teme que Japón reanude la caza «en alta mar en el Océano Austral y el Pacífico Norte para 2025».

Entre las redes del Derecho internacional

Sin embargo, el recurso legal es limitado. En 2015, Japón dejó de reconocer la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para sus actividades relacionadas con la explotación de recursos marítimos. Entonces, ¿puede ese Gobierno reanudar legalmente la caza comercial de ballenas en su espacio marítimo?

No tan rápido, dice Laurence Boisson de Chazournes: «Abandonar la Comisión Ballenera no significa que Japón no esté vinculado por sus obligaciones de proteger el medio ambiente y las especies marinas», insiste, señalando que sigue existiendo un marco jurídico, en particular a través de los convenios sobre el Derecho del Mar, la diversidad biológica y el comercio de especies.

La abogada internacional especializada en temas marinos, Malgosia Fitzmaurice, está de acuerdo con esa perspectiva de protección a las especies marinas: «Japón es miembro del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud del cual los Estados deben cooperar para conservar los mamíferos marinos. Esto implica, entre otras cosas, compartir datos y realizar una evaluación del impacto ambiental.

«En este sentido, Japón ha incumplido sus obligaciones, ya que no ha realizado una evaluación de impacto transfronterizo y no ha consultado a los demás Estados del Pacífico Norte ni a la Comisión sobre su proyecto de caza del rorcual común», señala la experta, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Queen Mary de Londres. «Los miembros del Convenio podrían por tanto recurrir a los mecanismos vinculantes de ese acuerdo para obligar a Japón a respetar sus obligaciones», añade, aunque las sanciones, por ejemplo económicas, están descartadas, lo que muestra los límites del margen de maniobra.

Un tratado vinculante para 2025

Cuando se trata de alta mar, un tratado histórico podría cambiar pronto las reglas del juego. Adoptado en 2023, el Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas pretende proteger los océanos en zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Prevé la creación de zonas marinas e introduce la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades previstas en alta mar.

Un «poderoso» instrumento vinculante, según Malgosia Fitzmaurice, que debería entrar en vigor este 2025: «Si Japón decidiera cazar ballenas más allá de sus aguas territoriales [como sospecha Sea Shepherd], provocaría una reacción internacional, en particular en las aguas designadas como santuarios de ballenas.

Para la experta, sin embargo, parece poco probable que Japón extienda su caza de ballenas a aguas internacionales, en cuyo caso sería difícil prever acciones legales. Señala que Noruega es actualmente el mayor ballenero del mundo, matando unos 500 cetáceos al año, frente a los cerca de 300 de Japón. En 2022, Islandia había cazado 148 rorcuales comunes, frente a los 59 previstos por Japón para 2024.

Presión política

La protección de las ballenas parece pender de un hilo. Para Laurence Boisson de Chazournes, la voluntad política es la clave para hacer cumplir el Derecho internacional: «El marco jurídico existe. Corresponde a los Estados y a otros representantes de la comunidad internacional recordárnoslo», indica Malgosia Fitzmaurice.

Finalmente, el Ministerio de Justicia danés decidió poner en libertar al capitán Paul Watson. Pero esto no tranquiliza totalmente a Sea Shepherd, que condena la «emboscada» de las naciones balleneras para amordazar a la oposición y critica duramente la caza de delfines por parte de Dinamarca en las Islas Feroe.