El estado de Nueva York ha aprobado una ley climática que exige a las empresas de combustibles fósiles pagar una multa de 75 mil millones de dólares durante los próximos 25 años. Esta medida busca trasladar la carga financiera del cambio climático de los contribuyentes a las empresas responsables, una acción que establece un precedente en la lucha por la justicia climática. La gobernadora Kathy Hochul aseguró que los fondos recaudados se destinarán a la reparación y adaptación de infraestructura afectada por desastres naturales, posicionando al estado como un modelo para enfrentar la crisis ambiental.

Este avance refleja un compromiso contundente hacia la rendición de cuentas de las empresas más contaminantes. Según la senadora Liz Krueger, copatrocinadora del proyecto, esta ley envía un mensaje inequívoco al mundo: las grandes petroleras deberán asumir su responsabilidad en el deterioro del planeta. Este tipo de acciones legislativas podrían allanar el camino para que otros estados adopten medidas similares, marcando un hito en la búsqueda de justicia climática.

¡Multa a empresas de combustibles fósiles por daño climático!

El gobierno de Nueva York acaba de promulgar una ley climática que establece que las empresas responsables de emitir más de mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero deben aportar al nuevo Superfondo Climático. La nueva legislación incluye un sistema de multas por el que las empresas de combustibles fósiles deberán pagar 75 millones de dólares en un periodo de 25 años, una recaudación que permitirá trasladar el costo de los daños hacia los responsables, en lugar de hacia los contribuyentes, quienes han asumido esta carga por años.

Este fondo permitirá financiar proyectos esenciales para combatir los efectos del cambio climático, como la restauración de humedales costeros, mejoras en carreteras y drenaje, y otras adaptaciones críticas, las cuales buscan proteger a las comunidades más vulnerables, que son las primeras en enfrentar las consecuencias de fenómenos climáticos extremos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que esta ley no solo responde a una necesidad ambiental, sino también económica:

“Es hora de que las empresas más responsables de la crisis climática paguen su parte justa para proteger el futuro de Nueva York”.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.

Además, esta ley sienta las bases para una colaboración más justa entre los sectores público y privado. Al responsabilizar a las petroleras, Nueva York busca garantizar que los recursos para mitigar y adaptarse al cambio climático provengan de aquellos que han contribuido directamente al problema:

«Reparar los daños y adaptarse a las condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio climático le costará a Nueva York más de 500 millones de dólares en 2050. Las grandes compañías petroleras, que han obtenido más de un billón de dólares en beneficios desde 1, deben asumir su parte justa”.

Liz Krueger, senadora de Nueva York.

Un paso hacia la justicia climática y la sostenibilidad financiera

La decisión del gobierno de Nueva York no solo representa un estándar económico, sino también un avance ético hacia la justicia climática. Los ingresos generados por la multa a empresas de combustibles fósiles ayudarán a financiar proyectos esenciales para mitigar los efectos del cambio climático, permitiendo al estado solventar parte de los costos derivados de fenómenos naturales extremos.

Según la senadora Liz Krueger, la magnitud del desafío climático es inmensa y tan solo para 2050 costará a Nueva York más de 500 millones de dólares en daños. Estas cifras reflejan la urgencia de contar con recursos suficientes para afrontar los costos del cambio climático, que siguen aumentando a medida que se agravan las condiciones meteorológicas.

Esta ley también es una declaración de principios: quienes más han contribuido al problema deben ser parte de la solución. Aunque no es suficiente para abordar completamente el cambio climático, esta medida representa un paso importante hacia un futuro en el que las empresas sean activamente responsables por los impactos de sus actividades.