El pasado mes de noviembre, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del ISR y de la Ley del IVA en materia de subcontratación.

En días recientes se llevó a cabo una reunión entre representantes de los sectores empresarial y obrero, del Poder Legislativo y del gobierno federal, en la cual se anunció un acuerdo importante en materia de subcontratación.

En el IMEF celebramos los siguientes aspectos de dicho acuerdo:

1. El que se haya llevado a cabo un diálogo abierto entre sectores y que las opiniones de todas las partes se hayan intercambiado en un espacio de búsqueda de acuerdos y soluciones a un tema central para la economía y el desarrollo social de México.

2. La inclusión del tema de P.T.U. estableciendo un tope a la misma, con lo cual se inicia el tránsito a un modelo más moderno de reconocimiento de participación de los trabajadores en las utilidades.

3. El diferimiento de la entrada en vigor permitirá a las empresas disponer de un tiempo mayor para llevar a cabo las adecuaciones pertinentes.

4. La regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante (“insourcing”), permitirá preservar esquemas de operación de las empresas que son esenciales para su competitividad, sin afectar derechos laborales.

Los acuerdos anunciados dan lugar a un marco jurídico más viable que el de la iniciativa presentada en noviembre pasado. No obstante, vemos algunos elementos de riesgo que es importante considerar:

1. Los criterios para el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas deben contemplar la complejidad de una economía moderna y abierta al exterior como la mexicana, cuyas empresas requieren de elementos de productividad y competitividad efectivos. Es un aspecto esencial para preservar el atractivo de México como destino de inversión.

2. Los registros mencionados deben llevarse a cabo con agilidad y transparencia, evitando cuellos de botella y desincentivos que impulsen la informalidad.

3. Solamente una fracción de la población económicamente activa labora para empresas o establecimientos formales. El camino hacia un esquema más robusto de bienestar debe necesariamente contemplar el impulso decidido a una mayor formalización de la economía.

En el IMEF apoyamos un enfoque incluyente para nuestra economía, basada en el fomento decidido a la inversión privada con responsabilidad social. Es por ello que celebramos los avances logrados en la negociación entre los sectores y exhortamos respetuosamente a las señoras y señores legisladores a revisar de manera imparcial, objetiva e integral la Iniciativa considerando todos los elementos antes mencionados.