Tras su aprobación en 18 de 20 congresos estatales y la declaratoria ayer en el Senado de la República de la reforma a la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) se declaran listas para continuar colaborando con los legisladores mexicanos en la creación de una norma moderna que dé orden y certeza jurídica al sector de la seguridad privada

La reforma constitucional se discutió en 20 congresos y salvo Guanajuato y Querétaro que votaron en contra, la ratificaron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México.

Una vez conocida la aprobación de la reforma, Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, afirmó que esto representa un paso adelante en el esfuerzo por regular a las empresas de seguridad privada y con ello, continuar nuestro crecimiento con mayor orden y certeza jurídica, a través del establecimiento de un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo, donde serán enlistadas las casi 8 mil compañías existentes y sus más de 600 mil trabajadores a lo largo y ancho de la República Mexicana.

“Agradecemos al Congreso de la Unión y en especial enviamos un reconocimiento a la legisladora Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y al presidente del órgano legislativo, diputado Ignacio Mier “por haber tenido la sensibilidad y apertura para conocer a nuestro sector durante el proceso e impulsar la reforma que permitirá sustituir la Ley Federal de Seguridad Privada que hoy se encuentra totalmente rebasada y obsoleta”, expresó el presidente de ASUME.

De igual forma reconoció el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX y CONCAMIN, de los que forma parte, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras, que trabajaron unidos en la conformación del texto, porque coincidieron en la necesidad de crear una nueva legislación que impulse al sector y dé certeza jurídica también a los usuarios y autoridades.

Para Zúñiga Salinas este paso adelante significa que pronto se legislará para que, como prestadores de servicios, puedan tener una coordinación con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; más, la parte fundamental de esta reforma permitirá establecer en una ley secundaria las competencias a los tres ámbitos de gobierno, por las que se podrán unificar los procedimientos de control y homologar la normatividad en todos los Estados.

“La aprobación de esta reforma constitucional por parte del Congreso de la Unión, representa un avance central para nuestro sector en el objetivo por terminar con la existencia de leyes locales tan disímbolas unas de otras e, incluso, opuestas entre sí que, en la mayoría de los casos, hoy provocan corrupción y extorsión”, agregó el titular de ASUME.

Además, se les dotará de certeza jurídica para su operación y, de igual forma importante es que a las autoridades federales, estatales y municipales se le ofrecerán las herramientas necesarias para regular de manera eficaz a tan importante sector, sin perder atribuciones y para beneficio de los usuarios y la seguridad del país.

ASUME ha insistido en que la falta de una adecuada legislación en la materia ha dado lugar a la aparición de empresas que operan en la informalidad y ofrecen servicios de baja calidad, condiciones laborales poco dignas y desprestigian al gremio. “Es un círculo vicioso que la reforma constitucional aprobada por los congresos locales ayudará a abatir”, expresó Zúñiga Salinas.

Para finalizar, Zúñiga Salinas expresó que las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), organismo promotor de la Cámara de la Industria de la Seguridad con la representación de las 32 asociaciones más importantes del sector de la seguridad privada en México, en conjunto, generan operaciones por un valor en el mercado cercano a los 485 mil millones de pesos, los cuales equivalen a 2% del Producto Interno Bruto (PIB).