Uno de los casos sobre la lucha por derechos humanos más sonados a nivel internacional durante los últimos años ha sido el caso conocido como “Pavez VS Chile”. El cual se remonta al año 2007 cuando a la entonces profesora de religión, Sandra Pavez Pavez le fue suspendido el certificado de idoneidad, documento brindado por las autoridades religiosas, por un motivo específico: su orientación sexual. Esto se debe a que, contrario a México, la educación religiosa está permitida dentro de los institutos públicos y privados en Chile y para que esto sea posible, las autoridades religiosas emiten un documento que aprueba las aptitudes académicas de los educadores.

A pesar de haber ejercido el cargo por más de 20 años, cuando las autoridades se enteraron de su orientación, a Pavez le fue revocado el documento debido a “aptitudes inmorales” y una discordancia con los valores de la iglesia. Ante un escenario complicado, la profesora solicitó el recurso de protección de la Cámara Suprema de Justicia, el cual le fue negado, empezando así una batalla legal contra el Estado. A partir de ese momento, Pavez continuó trabajando en la escuela en un puesto administrativo y no como educadora, debido a que el colegio seguía contratándola.

Doce años después el caso se escaló internacionalmente, y fue en 2019 cuando, por malas prácticas, el caso contra el estado de Chile fue llevado por Sandra Pavez ante la Cámara Interamericana de Derechos Humanos, la cual acaba de dictaminar durante este 2021 que, el actuar de las autoridades religiosas y del Estado atentaron contra los derechos elementales, incluídos el derecho a la igualdad y a la no discriminación, explicando que el cese de actividades de la profesora fue un “acto de discriminación y violación a la autonomía, el trabajo y a la función pública en condiciones e igualdad”.

Asimismo, se puso en cuestión la facultad absoluta de las autoridades religiosas durante este caso en específico y el actuar del Estado, quien permitió la violación de derechos y privacidad, favoreciendo a una de las partes. Todo esto, llevó a las autoridades religiosas a iniciar un debate sobre la libertad religiosa y el derecho a contar con profesores que compartan sus mismos valores.

Hoy en día, Pavez está por tramitar su jubilación y de acuerdo con sus declaraciones y la de sus representantes, su lucha en los últimos años se debió a una necesidad personal de limpiar su nombre y abrir el camino para mayor aceptación y derechos para su comunidad.

Pasando al escenario nacional, se sabe que en México la educación debe ser pública, laica y gratuita, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y si bien éste es un derecho universal, también existe el derecho al respeto y la libertad religiosa. A raíz de esto, en el país, la educación privada puede ser respaldada por instituciones y cultos de religión bajo la autorización de los tutores de los estudiantes.

Hasta el año pasado, existían más de 46 mil escuelas privadas en nuestro país, una nación con alta presencia religiosa en donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas, 6 de cada 10 mexicanos aprueban las enseñanzas religiosas en el salón de clases, incluso en escuelas de educación pública, donde no está permitido.

Bajo este contexto, cuéntanos, ¿Tú qué opinas? ¿Sería posible que algo así pase en México?, ¿cuál sería tu postura?, ¿libertad religiosa o libertad sexual?