Mucha gente se pregunta porque hay una falta de liderazgo de México en materia de cambio climático, cuando fue un país proactivo en la materia en años pasados. La respuesta es multi-factor, y parte de un cambio de prioridades políticas. En gobiernos pasados el tema de cambio climático aparecía en instrumentos de política nacional, particularmente en 2006-2012 apareció como tema prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo. El siguiente periodo 2012-2018 no fue necesariamente el periodo más proactivo, pero se mantuvieron las condiciones para la aprobación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y para su implementación más tarde.

Sin duda la LGCC, marcó un hito en la historia de la política climática en México, pues se establecían ya las bases para la acción de corto, mediano y largo plazo y se asumía que no importaba quien estuviera en el poder se pondrían en marcha los mecanismos a los que el país se obligaba. Como parte de estos debates críticos sobre la política climática también estaban los debates sobre la política energética. Para un país como México no se puede hablar de cambio climático sin hablar del sector energético, principal emisor de gases de efecto invernadero en el país.

Por ello, en el periodo 2006-2012 se comenzó a hablar de la necesidad de la transición energética como un impostergable ambiental que además traería beneficios económicos. Esto llevó a lo que fue la reforma energética de 2013, en donde se abrió un debate que por años se había mantenido restringido: el rol del estado sobre los recursos energéticos.

Nadie puede negar que México fue una potencia petrolera y que esta abundancia le dio al país un impulso económico e incluso social en las décadas de los 60, 70 y 80. El problema comenzó cuando el recurso generado por Petróleos Mexicanos (Pemex) se fue a cubrir las necesidades del país y no las necesidades del sector. De esta forma se explotó el recurso para alimentar la economía, pero no se pensó en la sostenibilidad y adaptabilidad que el sector debería tener en años por venir.

Con el paso de los años sostener al sistema energético se volvió costoso por la obsolescencia tecnológica, y fue el momento para cuestionar su capacidad de supervivencia. Si bien el sector público mantuvo por años el control del sector energético siempre echó mano de contratistas independientes para hacer las labores. Pero fue con la reforma de 2013 y un poco antes con la ley de 2007 que el sector eléctrico, por ejemplo, comenzó a dar apertura a inversionistas privados para participar de las actividades de generación de electricidad. Pero en la reforma de 2013, no solo se abrió la generación de electricidad a la participación de privados, sino también la producción y explotación de hidrocarburos. Lo anterior puso a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un contexto de competidores frente a otras empresas.

En el caso de la electricidad, CFE mantuvo el control de la red de transmisión que es sin lugar a duda una de las áreas más estratégicas y que requieren grandes inversiones para asegurar la salud de la red de transmisión y la capacidad de diversificación para asegurar el suministro eléctrico. Con la reforma de 2013 se crearon órganos reguladores que tenían como objetivo regular esa interacción entre competidores. Y finalmente se creó la Ley de Transición Energética (LTE) que usó elementos de la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética que luego se derogó.

Entre otras cosas la LTE logró poner en marcha dos mecanismos que fueron altamente exitosos para promover la transición energética: las subastas y los certificados de energía limpia. Ambos mecanismos generaron incentivos para la generación a través de fuentes renovables. Las subastas, porque demostraron que generar electricidad con fuentes renovables era más barato que las convencionales fósiles, y los certificados porque obligaban a los generadores a cumplir con una cuota de su generación de manera limpia para alcanzar la meta de generación limpia del 35% al 2024 que se integró en dicha ley.

¿Público versus privado?

Con la llegada de Lopez Obrador, con visión nacionalista, aseveró en diversas ocasiones que la reforma de “Peña” (2013) privatiza al sector energético en detrimento del país. De ahí el origen de lo que fue su política energética de confiabilidad que hoy quiere convertir en una reforma constitucional. López Obrador quiere reducir la participación privada a 46% y quiere que CFE vuelva a tener el control de la generación eléctrica (54%) argumentando que tiene mayor confiabilidad que las privadas. Y en estos momentos hay un debate sobre si la reforma de López Obrador es la mejor opción para México y la respuesta depende de muchos factores.

En un mundo como el actual, en el que existe una emergencia climática a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente proveniente de los combustibles fósiles, existe una necesidad de transitar de fuentes fósiles a fuentes de carácter renovable, que generan menos emisiones en su ciclo de vida. Esto significa que México tendría que sumarse a los esfuerzos mundiales por reducir dichas emisiones, para lo cual debería invertir recursos públicos en mejores tecnologías y/o generar las condiciones e incentivos para que haya inversión en este sector renovable que, si bien es costoso, la demanda mundial ha logrado que caigan los precios de manera significativa en tecnologías solar y eólica.

Para el clima y en un contexto de emergencia como el actual no importa quien haga las inversiones en tanto se hagan bien y de manera transparente e inclusiva. Por eso el debate de la reforma no debe sólo verse desde la visión de si es público o es privado, al menos no desde el punto de vista ambiental y climático.

La pregunta es ¿quién puede y quiere hacerlo a la velocidad que se requiere? Fortalecer al estado no es una mala idea cuando el estado vela por la seguridad de su población. Pero fortalecer al estado también implica hacerlo fuerte en donde debe ser fuerte para que genere las políticas, la instituciones y el manejo de los recursos que a su vez ayuden a otros sectores a participar en donde el estado tiene poca capacidad.

La actual reforma de López Obrador, es una reforma que busca fortalecer a instituciones como Pemex y CFE. Para ello propone revertir lo que se propuso en 2013, y ganar control del sector eléctrico y de hidrocarburos. Pero no solo eso, sino que busca también que CFE retome control tanto del proceso de generación, distribución y transmisión, como de la regulación. Esto significa absorber las competencias de los órganos reguladores que operaban de una manera más neutral para regular la relación entre las empresas.

Esto hace que CFE vuelva a su carácter de control, siendo parte, pero también juez del proceso. Desde una visión nacionalista siempre regresar el control al estado es deseable, pero la pregunta que debemos hacer es, ¿puede la CFE reaccionar a la emergencia climática y acelerar la transición energética que se requiere, en el tiempo que se requiere?

El director de CFE dice que si, que México ya cumplió con el 35% de las energías limpias que se prometieron en la ley de transición energética resultado de la reforma del 2013. Pero el director de CFE ha fallado en decir que el supuesto cumplimiento se basa en el uso de hidroeléctricas que a la luz de las necesidades ambientales no son del todo limpias. El director también ha fallado en decir abiertamente que no tiene planes de promover las renovables en el corto plazo, sino hacia 2027-2031 momento en que ya debería estar en un escenario de emisiones decrecientes. La realidad es que los recursos públicos se van en su mayoría a producir hidrocarburos, tan solo 90% del presupuesto del sector energético esta orientado hacia allá. Entonces ¿puede CFE enfrentar la emergencia climática? Quizá sí, si utilizara el recurso público en este sentido, ¿quiere hacerlo? La evidencia muestra que no.

¿Mitigación versus adaptación?

En las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) presentadas por México en 2020 como parte de los compromisos de actualizar las NDCs idealmente cada 5 años (tema en actual discusión) se integró el compromiso de reducir 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 de manera incondicional y 36% de manera condicional (con ayuda internacional). El problema de estas metas es que son las mismas metas propuestas en 2016. Lo que significa que no hubo un incremento en la ambición como el Acuerdo de París sugiere.

El argumento del gobierno de federal es que se fortaleció la parte de adaptación, porque se metieron nuevas metas en la materia y que eso lo hace más fuerte. Aunado a ello, en un comunicado del sector ambiental dice que la prioridad de México en el marco de la COP26 será la adaptación.

Ciertamente adaptarse al cambio climático es un imperativo para el mundo, pero está no debe ser la única meta, y mucho menos para un país como México gran emisor en la región y en el mundo.

Entonces, la narrativa utilizada por el gobierno para aseverar su compromiso es falta de realidad y de responsabilidad. No cabe duda que una política nacional de adaptación y una política externa feminista es una buena bandera, pero insuficiente y negligente sino se atienden las causas fundamentales del problema climático. Entonces no podemos poner a competir la adaptación contra la mitigación. Ambas son fundamentales para un país como México.

¿Líder o villano?

México llega a la COP26 con compromisos climáticos mal atendidos y con narrativas encontradas. Está la versión del gobierno federal que parece optimista sobre la emergencia climática, o que simplemente niega su existencia, lo que refleja a su vez el escaso interés de la política ambiental y climática en la actual administración. Por el otro lado está la visión de los actores no gubernamentales muchos de ellos en acción por más de 20 años para los que es claro que la actual política climática es fallida y plagada de irregularidades.

A quienes leen y se preguntan sobre cuál es el papel de México en la COP26, la respuesta es: México es un villano climático disfrazado de líder social, pero como dice el movimiento “Rebelión contra la extinción”, sin justicia climática no hay justicia social.

A la delegación mexicana que va a COP, a la ciudadanía en general, jugar al doble discurso ha sido la peor estrategia para México. Tapar la realidad no la va a cambiar, solo va a aumentar el problema. México puede y debe retomar el camino, comenzando por evidenciar las fallas para corregirlas.