El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó con empresarios un nuevo plan contra la inflación el cual busca que no aumente el precio de algunos productos de la canasta básica además de la gasolina, el diésel y la luz.

“No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no va a aumentar el precio de la luz y no aumentan los precios de los alimentos básicos, esa es la esencia de todo, y vamos a seguir impulsando la producción de básicos”, señaló.

Dentro de la firma de este denominado “Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía” se tiene contemplado reducir en 8% el precio promedio de 24 productos de la canasta básica de 1,129 pesos ($56.45 dólares) a 1,039 pesos ($51.95 dólares) hasta el 28 de febrero de 2023.

El Gobierno pondrá énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos deficitarios, y cancelará temporalmente la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos.

Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos. A fin de fortalecer la producción nacional, el Gobierno atenderá, de manera especial, los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de ser superada por las propias empresas y que afecte la oferta de alimentos.

Tras analizar conjuntamente la situación del momento inflacionario, el Gobierno Federal otorga a las empresas firmantes de este Acuerdo una Licencia Única Universal que las exime de todo trámite o permiso para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para su envase, incluyendo los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.

Las empresas y el Gobierno aceptan la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos, en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos.

A la reunión asistieron Antonio Suárez Gutiérrez (Tuny); Leovi Carranza Beltrán (Grupo Pinsa-Dolores); Juan Antonio González Moreno (Grupo Gruma-Maseca); Altagracia Gómez Sierra (Grupo Minsa); Daniel Salazar Ferrer (Bachoco); Isidro Ávila Lupercio (San Juan); Jesús Vizcarra Calderón (Sukarne); Arnulfo Ortiz (Grupo Gusi); José Zaga Mizrahi (Opormex); Eugenio Caballero Sada (Sigma Alimentos);mAlfonso Celis (Socorro), y Alfonso Rosales Wybo (Verde Valle).