De acuerdo con los últimos datos observados de los financiamientos y obligaciones de entidades federativas, municipios y sus entes públicos, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de la deuda total de estos al tercer trimestre (3T22) ascendió a P$649,483.0m (+3.4% vs.628,342.3m al 3T21), con lo que se observa una recuperación en la tendencia de financiamiento en el sector. Esto es una medida amplia del endeudamiento, ya que no implica que sean completamente obligaciones a cargo del estado, al incluirse la deuda de sus municipios u organismos descentralizados.

Sin embargo, sirve para apreciar cómo las necesidades de financiamiento han tomado un ritmo ligeramente positivo. El saldo de la deuda total reportó un incremento, sin embargo, al expresarlo como porcentaje de las Participaciones Federales, esta métrica disminuyó de 69.3% a 63.7% entre el 3T21 y el 3T22. Es importante mencionar que estos recursos continúan siendo la principal fuente de pago de la deuda en el sector subnacional. Entre otros factores, esto es resultado del elevado precio de la mezcla de petróleo, así como del buen comportamiento de la Recaudación Federal Participable.

Para el cierre de 2022, se estima que esta métrica se mantenga a la baja debido al aumento de 15.8% en las Participaciones entre 2021 y 2022. Adicionalmente, se proyecta que este desendeudamiento relativo continúe en 2023, ya que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, las Participaciones Federales aumentarán 14.0%. Lo anterior sumado al bajo apetito de financiamiento por parte de las entidades estatales, se traduciría en una disminución adicional del nivel de endeudamiento relativo.

Respecto a las fuentes de financiamiento, la Banca Comercial se mantiene como la principal del sector subnacional, al representar en promedio 61.0% de la Deuda Total al 3T22, seguido de la Banca de Desarrollo, la cual representa en promedio 35.3%, las Emisiones Bursátiles cuentan con 3.4% y por último otras fuentes de financiamiento representaron 0.3%.

Un aspecto para resaltar es que durante 2022 se observa un incremento en el servicio de la deuda que el sector ha pagado, debido a que como era previsible, la tasa de interés promedio ponderada de las entidades federativas y sus entes públicos subió en promedio 3.6 puntos porcentuales. Lo anterior comparado con la tasa promedio ponderada del tercer trimestre de 2021, con lo que se estima que en términos generales esta se mantenga relativamente alta en 2023.

Las necesidades del financiamiento en el sector también se encontrarán presionadas por los últimos cambios de administración realizados en 21 de las 32 entidades federativas durante 2021 y 2022 (Baja California [HR BBB], Baja California Sur [HR AA-], Campeche [HR AA], Colima [HR BBB], Chihuahua [HR BBB+], Guerrero, Michoacán [HR BBB], Nayarit [HR BB+], Nuevo León [HR A+], Querétaro, San Luis Potosí [HR A+], Sinaloa, Sonora [HR A-], Tlaxcala y Zacatecas [HR A] en 2021; Aguascalientes, Durango [HR DS], Hidalgo [HR AA], Oaxaca [HR A], Quintana Roo [HR BBB-] y Tamaulipas [HR A] en 2022) los cuales a un par de años de iniciadas sus administraciones se observa que para dar cumplimento a sus planes de infraestructura han adquirido niveles modestos de
financiamiento.

El uso de créditos de corto plazo sigue siendo un factor de preocupación en el sector, ya que al no contar con un mecanismo de pago y quedar solamente en términos de un factor de voluntad de pago, los hace muy sensibles a una situación de default; como ejemplos observados en los últimos meses tenemos el atraso de estas obligaciones en el Municipio de Cuernavaca (HR C) o la prolongada situación del impago del Estado de Durango (HR DS), lo que se remonta a 2021, y a que pesar de los intensos esfuerzos de la administración actual, no se han resarcido en su totalidad el incumplimiento. Es importante destacar que, durante 2023, Coahuila y el Estado de México celebrarán elecciones, por lo que deberán liquidar sus obligaciones de corto plazo tres meses antes del cambio de administración, el cual se realizará el 30 de noviembre en el caso de Coahuila y el 15 de septiembre para el Estado de México. Al 3T22, el Estado de Coahuila contaba con un
saldo de deuda de corto plazo de P$1,755.2m (vs. 3,160.2m al cierre de 2021), mientras el Estado de México no contaba con financiamientos de corto plazo.