Hace unos días fue aprobada por el Congreso de Ciudad de México la propuesta de reforma que plantea que el incremento anual de la renta no supere la inflación reportada por el Banco de México.

Al respecto, el Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI) manifestó que la iniciativa, en un principio, puede tener una esencia noble al comparar el alza de rentas con el costo actual de la vida; no obstante, genera muchas interrogantes, ya que la propuesta no es clara.

Asimismo, CITI considera que el enfoque es erróneo, ya que no todas las rentas pueden evaluarse de la misma manera, debido a que los rangos son muy amplios y el mercado inmobiliario muy diverso.

Fernando Rodríguez Bustamante, miembro del Consejo de Inmobiliarios Profesionales (CIP) de CITI, señaló que la iniciativa es una medida de control característica de regímenes de izquierda, que crea incertidumbre y abre muchas interrogantes. Afirma que lo que se controla tiende a desincentivar y podrá ir en detrimento del sector inmobiliario.

El experto, quien es fundador de AB Inmobiliaria y AHC Abogados, explica que la iniciativa se divide en cuatro puntos: dos reformas a la Ley de Vivienda, en los artículos 1, fracción 17, y el artículo 59 que señala que el Gobierno deberá garantizar la vivienda digna y asequible, tanto en venta como en renta, a los que menos ganan.

Por su parte, las otras dos reformas -aún más relevantes- conciernen al Código Civil, en su artículo 2448 letra “D” y una adición como letra “F”, en el que se propone que los incrementos se realicen considerando la inflación determinada por el Banco de México, y eliminar el 10% como el tope que existe actualmente. Asimismo, se establece la creación del llamado “Registro de Contratos de aprobación inmediata”.

“Supeditar el aumento de las rentas a la inflación tendrá repercusiones negativas, ya que no es proporcional incrementar una renta de $5,000 a una de $50,000. La primera necesitará una mayor elevación para que la renta sirva para vivir dignamente, mientras que en un alquiler alto, de unos $50 mil, su aumento deberá de ser menor para que el precio no salga de mercado y garantice la permanencia del inquilino.

“Además, si la inflación sobrepasa el 10%, será un problema mayúsculo para la generación de las rentas, ya que habrá de recordar que, durante la pandemia, el arrendamiento fue el motor del sector inmobiliario”, expuso Rodríguez Bustamante.

El “Registro de Contratos y su aprobación inmediata” se advierte como una medida negativa que podrá desincentivar a los propietarios a alquilar sus inmuebles por el temor a que se traduzca en una primera medida de control del Estado sobre su propiedad. Lo anterior causa incertidumbre a los propietarios, debido a que no queda clara la intención de registrar los contratos y que el gobierno autorice o no una renta, cuando dicha aprobación nada tiene que ver con la eficacia y legalidad de los mismos.

Algo positivo de esta medida podría ser, añadió, será que esta reforma y sus efectos limiten el aumento de las rentas topado al índice inflacionario, aunque acotó que en los segmentos más bajos es difícil encontrar rentas que incrementen en dicho porcentaje.

Otro aspecto que pudiese ser positivo sería que se desalentaran la gentrificación o el desplazamiento. El sector considera que la iniciativa podría ser conveniente si se escalonara el aumento por el rango de precios.

“Las unidades en renta se seguirán moviendo normalmente. Lo que podría desincentivar al mercado es que los inversionistas que anteriormente apostaban su portafolio de inversión en inmuebles para renta, ya no lo hagan o elijan otros lugares al empezar a notar estos controles de renta y su falta de claridad”, concluyó Rodríguez Bustamante.